Sergio Szpolski, responsable por el vaciamiento del Grupo 23 e imputado penalmente por la “apropiación indebida” de los aportes sociales de sus trabajadores, eludió una citación de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados que, en paralelo, difundió un informe que describe cómo los empresarios y personeros que despidieron a 800 periodistas y administrativos continuaron cobrando publicidad oficial del gobierno federal cuando existían señales contundentes de su actuación fraudulenta.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denuncia la maniobra y exige al Estado que respalde las lucha -sindical y judicial- de los trabajadores contra los vaciadores. Y no al revés.
La semana pasada, el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff imputó a Szpolski y Mario Pergolini, entre otros ex directivos del Grupo 23, a los que acusó de evadir las cargas sociales de los ex empleados de 18 empresas que conformaban el holding. La AFIP denunció una evasión de al menos 85 millones de pesos.
Sin embargo, un informe difundido por la Comisión de Libertad de Expresión, acreditó -sobre la base de fuentes oficiales- que el gobierno continuó financiando al grupo durante 2016, a pesar de que el derrumbe de las empresas periodísticas ya era notorio para diciembre del año pasado.
Según el informe, originado en Jefatura de Gabinete de la Nación, el Grupo 23, a través de tres de sus empresas que forman parte del corazón del fraude laboral como Balkbrug (Tiempo Argentino), Desup (Radio América), Orleix (El Argentino Zona Norte, Sur y Mar del Plata), cobró 7.244.655 pesos desde la asunción de Mauricio Macri y hasta el 21 de junio de este año.
A la vez, a través de triangulaciones con empresas no periodísticas (Banco Macro y Banco Mariva, por ejemplo), los empresarios, socios y testaferros del grupo recibieron más del doble de esa suma.
Hay 800 trabajadores que se encuentran en la calle desde hace nueve meses. En este tiempo, se convirtieron en protagonistas de un proceso de lucha que permitió reconvertir y sostener, a través de cooperativas, Tiempo Argentino e Infonews, y comenzar en Radio América un proceso de normalización a partir de la llegada de un representante del ENACOM. En los tres casos, con resultados periodísticos de contundente calidad y pluralidad informativa.
Esos trabajadores, acompañados por el SiPreBA, vienen bregando por la asistencia estatal que, a través del Ministerio de Trabajo y el ENACOM, ha retaceado respuestas y ha impedido que se ejecutaran los embargos logrados en la Justicia por los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio America.
Le exigimos al Estado que se convierta en el garante del sostenimiento de los trabajadores de prensa despedidos y no, como sucede, en la herramienta que asegure el blindaje de sus vaciadores.
