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24 de enero de 2017

Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo



Hace 20 años una patota de la policía bonaerense mató al compañero José Luis Cabezas. Fueron dos décadas de impunidad. Los asesinos no eran “manzanas podridas”. Todo el cajón estaba podrido. Y lo sigue estando. Las fuerzas policiales están corrompidas y ejercen violencia contra el pueblo.

Repudiamos el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” con el que la ministra Patricia Bullrich cercena el derecho a la protesta y ataca la libertad de expresión pretendiendo encerrarnos en una “zona determinada”, es decir en un corralito. Mientras tanto, cada vez más seguido nos encontramos con policías filmando tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.

Rechazamos el “Protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística”, firmado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa: es perverso pretender que informemos sobre nuestro trabajo periodístico a quienes gestionan el crimen organizado y reprimen a los que luchan.

Sufrimos una escalada represiva. No quieren que camarógrafos, reporteros gráficos ni ningún trabajador de prensa esté presente cuando balean, gasean, apalean, lastiman y detienen.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes de Once. Ese día también descargaron su violencia tirando una bomba de estruendo a donde había varios fotógrafos, resultando herido el compañero Rubén Paredes, de diario Crónica. No es casualidad. En los dos últimos encuentros nacionales de mujeres, en Mar del Plata y en Rosario, las respectivas policías provinciales reprimieron a las manifestantes y se ensañaron con quienes estaban sacando fotos. Lo mismo sucedió en la represión del Hospital Borda. Todavía esperamos el juicio a los policías metropolitanos que durante el desalojo a la Sala Alberdi dispararon balas de plomo e hirieron a dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Al reprimir a la prensa buscan generar condiciones de impunidad para disparar y golpear a manifestantes. El ajuste que el gobierno de Mauricio Macri está descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora sólo cierra con represión. Como ejemplo, nuestra propia situación: recientemente difundimos un relevamiento que señala la aterradora cifra de 1300 despidos en prensa durante 2016, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días reprimieron a inundados en Pergamino y San Nicolás y a feriantes en Mendoza. El mismo día que lanzaron su festival de xenofobia y discriminación contra los “manteros”, gendarmería y policía de Chubut ejercieron terrorismo de estado contra los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. En la provincia que gobierna Mario Das Neves se vivieron 48 horas de brutal represión contra quienes osan enfrentar al multimillonario Luciano Benetton. Las fuerzas de seguridad hicieron un cerco de 4 kilómetros a la redonda e impidieron que la prensa pueda trabajar.

Esperaron a que no hubiera móviles de TV para reprimir violentamente a los obreros gráficos de AGR-Clarín. Palos y gases para quienes luchan contra 380 despidos. Las patronales de prensa omiten la noticia o la tergiversan alevosamente. Es fundamental la disputa por los contenidos, como lo demuestran en estos días las asambleas en Clarín y Canal 13/TN, y tantos otros compañeros y compañeras que –junto al SiPreBA- se solidarizan activamente. Apoyamos la toma pacífica de la planta. Nos comprometemos a seguir dando la pelea para que se dé a conocer las reivindicaciones de los compañeros despedidos, que hacemos propias.  

Se suman más agresiones a la prensa. En diciembre pasado las redacciones de Cosecha Roja y Anfibia primero y de Resumen Latinoamericano después sufrieron sugestivos robos que entorpecen la tarea periodística que realizan. Los medios comunitarios bien conocen de las agresiones del poder: en El Bolsón, Río Negro, las radios que apoyan el reclamo contra el magnate Joe Lewis sufrieron tres incendios intencionales. Están acostumbrados a recibir amenazas, tanto anónimas como por parte de funcionarios.

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos. Reclamamos garantías para desarrollar nuestro trabajo periodístico, única garantía de la libertad de expresión. Hoy más que nunca la memoria del compañero José Luis Cabezas está presente.


16 de diciembre de 2014

Más derechos, más comunicación, más democracia

Los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos exigiendo nuestro reconocimiento

Las demandas de las radios y televisoras comunitarias, alternativas y populares siguen sin ser resueltas a pesar de haberse cumplido cinco años de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

10 de octubre de 2014

¡Los Metropolitanos que tiraron con balas de plomo van a juicio a fuerza de lucha y organización!

Reproducimos el comunicado de RNMA, CORREPI y ENECA.

La organización y lucha logró un nuevo triunfo en la causa contra los policías metropolitanos que dispararon con balas de plomo en el intento de desalojo de la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013. Los oficiales Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma deberán ir a juicio oral por el homicidio agravado en grado de tentativa de los comunicadores populares particulares Germán Darío De Los Santos (DTL!) y Esteban Leonel Ruffa (ANRed), ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y el integrante de una biblioteca popular Mario Ciro Fumaroni.

La Sala V de la Cámara Criminal decidió hoy confirmar el procesamiento de los policías metropolitanos acusados de disparar con balas de plomo el 12 de marzo de 2013, durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín, oportunidad en la que hirieron a tres personas.

Hace un mes, la jueza Wilma López decretó el procesamiento de Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por considerarlos coautores de homicidio agravado por resultar los imputados miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades. Sus defensores, los abogados Juan Martín Cerolini, Julián Curi y Sheila Borzani Papel (los dos últimos del estudio Righi-Montenegro), apelaron la resolución. El lunes 6 de octubre se realizó la audiencia, ante los jueces Gustavo Bruzzone y Mirta López González, mientras en la calle se desarrolló una jornada cultural antirrepresiva organizada por RNMA, CORREPI y ENECA.

Imagen: ANREd
La primera cuestión que analizaron los jueces, fue cómo son las heridas que tienen las víctimas. Concluyeron, después de revisar las constancias de la causa, “que las heridas de Fumaroni, Ruffa y De Los Santos fueron efectuadas con postas de plomo”.

La segunda cuestión se centró en determinar quién las produjo. Allí, resolvieron que “No se encuentra cuestionado que Acosta, Ledesma y Pereira de la Rosa se hallaban en el lugar de los hechos en el que resultaron heridos los damnificados, por haber sido desplazados para el operativo dispuesto por el conflicto suscitado a partir del desalojo por la ocupación de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín”, y que los tres policías portaban escopetas “Mossberg” calibre 12/70, destacando “la absoluta informalidad con que recibieron el armamento y lo devolvieron”, motivo por el que ordenaron a las autoridades de la Policía Metropolitana que “confeccionen de manera urgente un protocolo para la reserva de armas vinculadas a hechos de estas características, así como también una regulación estricta en la entrega y devolución del armamento y municiones”.
Así, tuvieron por acreditado que sólo los tres policías imputados portaban ese tipo de armas, por lo que ordenaron a la jueza de instrucción avanzar hacia la elevación a juicio.

Un punto importante de la resolución refiere a lo denunciado por la querella en oportunidad de la audiencia, en cuanto a la identidad de lo ocurrido en este caso con otras represiones protagonizadas por la fuerza policial municipal. Dijeron los jueces: “No puede dejar de remarcarse, como lo hizo la Dra. Verdú, la similitud que se advierte entre lo investigado en estas actuaciones y el caso (...) en el que se investigaron los homicidios y lesiones que tuvieron lugar durante el desalojo de los terrenos del Parque Indoamericano”.

Mientras seguimos exigiendo que se investigue la participación de la policía federal en el episodio, y reiteramos que la imputación no debe limitarse a los policías, sino avanzar hacia los funcionarios del GCBA - Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Hernán Lombardi - que dirigieron el operativo, celebramos que ya estamos en camino al juicio oral contra los metropolitanos.

Nosotros construimos comunicación popular, defendemos el espacio público, creamos cultura popular. Ellos tiran balas de plomo.

CORREPI – ENECA – RNMA

ADHESIONES: causasalaalberdi@yahoo.com

Contactos:
- Esteban Ruffa: 011- 15 6852 9804
- Germán de los Santos : 011 - 15 5060 3757
- María del Carmen Verdú: 011- 15 4417 0659