La sanción no es más que una de las formas que tiene La Nación de perseguir e intentar disciplinar con el miedo a sus trabajadores. La falta de la delegada, según la empresa, fue "externalizar a terceros" cierta información que la propia empresa se había encargado de hacer pública en una serie de reuniones con los trabajadores de la Redacción.
Esta excusa para sancionarla no hace más que confirmar que La Nación continúa con su política de querer amedrentar la organización de sus trabajadores.
Es por eso que el CTP se pone a disposición de lo que decida la asamblea de trabajadores del diario La Nación y se solidariza con la delegada Irene Haimovichi.
A continuación, reproducimos el comunicado de Comisión Interna de Prensa diario La Nación.
La Nación sancionó a nuestra compañera delegada Irene Haimovichi
Compañer@s
En el día de la fecha, nuestra delegada de interna Irene Haimovichi, fue objeto de una sanción disciplinaria por parte de la empresa, la cual fue notificada por carta documento.
En la misma se describe que la motivación principal que llevó a la empresa a aplicar esta sanción es la información dada sobre los cambios venideros, transmitidos sin mención alguna de secreto en las reuniones públicas de las que participaron la mayor cantidad de compañeros de la redacción.
Hay algo claro en el horizonte. La Nueva Redacción, más allá de la importancia que esta tenga en el futuro de la rentabilidad de la empresa, trae cambios muchos más significativos que lo vagamente expresado en esas reuniones. Lo que no se dijo con claridad es cómo incidirá en las condiciones laborables de todos nosotros. No creemos que para mejor.
Para la empresa, es de significativa trascendencia el inicio de este proceso al que llamaron fundacional, y quieren implementarlo libre de todo obstáculos y por supuesto, sin negociación alguna respecto de las condiciones salariales y de horario a los que se someterá a los trabajadores de la Nueva Redacción.
Es por eso que consideramos nada casual que luego de la reunión con RRHH y el CEO de la compañía, La empresa haya decidido comenzar este proceso de cambio intentando anular cualquier acción sindical de la única delegada de la redacción. Nada mejor que amedrentarla con una sanción y poner para todos los trabajadores de la redacción un buen ejemplo.
Es por lo menos llamativo que un diario que se presenta como adalid de la libertad de expresión, sancione de manera ilegítima a una delegada gremial que ejerce este derecho de rango constitucional consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de San José de Costa Rica.
Lo que corresponde, en el escenario que se avecina, es que la empresa retire esta amonestación ilegítima y se avenga a sentarse en una verdadera mesa de negociación con los representantes de los trabajadores para discutir salarios y condiciones de trabajo. Los trabajadores hemos dado amplias demostraciones de adaptación a los cambios y requerimientos de nuestros empleadores, en tanto que la empresa no lo ha hecho ni en ínfima medida en el reconocimiento de nuestros derechos y en el pago adecuado de nuestra labor.
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