El
Colectivo de Trabajadores de Prensa repudia el burdo ataque a la libertad de
expresión por parte del Grupo Clarín, especialmente vergonzoso por provenir de
una empresa de medios que dice pelear por garantizar ese derecho constitucional,
y se solidariza con los trabajadores de prensa denunciados penalmente en un
claro intento de amedrentar a quienes no nos sometemos a los designios de
ninguna patronal. Desde el CTP también convocamos a los periodistas que el
mayor grupo de medios del país publicita como garantes de la pluralidad de
voces a pronunciarse ante este intento de criminalizar el derecho de informar y
opinar en libertad.
Directivos
del Grupo Clarín denunciaron el jueves por “incitación a la violencia colectiva”
y “coacción agravada” a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora
Veiras, Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone, por expresiones
realizadas en el marco del debate público sobre la cobertura mediática de la
protesta que prefectos y gendarmes protagonizaron el mes pasado. Tal como lo
expresó ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se trata de un “amordazamiento
de la libertad de expresión” y un intento de “intimidar por afirmaciones hechas
en ejercicio de derechos constitucionales indiscutibles”.
A
tres años de la derogación de las figuras de calumnias e injurias en casos de
ostensible interés público, logro obtenido por la lucha de trabajadores y
organizaciones de la sociedad civil ante la indiferencia de las grandes
empresas de medios, Clarín recurre a tipos penales que no fueron concebidos
para reprimir las ideas y las palabras, lo cual resalta su clara intención
persecutoria.
Las
penas previstas para los delitos por los que acusan a periodistas son incluso mayores
a las que funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial usaron durante años
para amedrentar a los trabajadores de prensa, lo cual pone en evidencia su afán
de conseguir condenas ejemplificadoras que sirvan de disuasivo para cualquier
persona --sea o no periodista-- que ose no autocensurarse a la hora de hablar
de Clarín.
Nadie
que conozca la historia reciente del Grupo Clarín puede sorprenderse por esta
nueva muestra de desprecio por los valores fundamentales del sistema
democrático.
Clarín
se amoldó sin chistar cuando la última dictadura ordenó silenciar secuestros y
asesinatos, hizo grandes negocios con los artífices del terrorismo de Estado
que masacraron a cientos de periodistas, y pretende ahora mostrarse como víctima
de ataques a la libertad de expresión ante una ley sancionada por el Congreso
para fomentar la diversidad de voces y poner coto a quienes abusan de su
posición dominante en el mercado.
Clarín
usó durante años a su ejército de abogados para obstaculizar la investigación sobre
la identidad de los chicos adoptados de manera irregular por Ernestina Herrera
de Noble en 1976, mientras la dictadura implementaba un plan sistemático de
robo de bebés, y apeló a sus plumas más obedientes para tergiversar el caso
ante la opinión pública y ensuciar al movimiento de derechos humanos.
Clarín
echó en el año 2000 a 117 trabajadores y trabajadoras, incluidos los flamantes
delegados y la junta electoral que había convocado a elecciones, y durante los
doce años siguientes arrasó con el derecho constitucional a organizarse
sindicalmente. Hasta el pasado 14 de noviembre, día anterior a la histórica
elección de Comisión Interna, que asumió con el respaldo de medio millar de
trabajadores, el Grupo Clarín apeló a sus maniobras habituales para
deslegitimar a los activistas y sembrar miedo en los trabajadores.
La
denuncia penal de un grupo económico que sólo se preocupa por la libertad de
empresa contra un grupo de trabajadores de prensa, que somos los verdaderos
garantes de la libertad de expresión y del derecho a informarse de la sociedad,
no es ajena a esa línea de conducta.
Desde
el Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa reiteramos nuestro
profundo rechazo a la actitud del Grupo Clarín y nuestra total solidaridad con
los trabajadores de prensa alcanzados por la denuncia.
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